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En los últimos 5 años, se dejó de pagar 2.7 billones de pesos en impuestos
Culiacán, Sin., 25 de noviembre del 2019.- El problema del uso de facturas falsas o apócrifas implica que se ha dejado de pagar impuestos por el orden de los 2.7 billones de pesos en los últimos 5 años, de acuerdo a cifras oficiales, pero en realidad pudieran sumar 25 billones de pesos.
Ello lo aseguró el presidente del Centro de Estudios en lo Penal Tributario, Jesús Agustín Celorio Vega, en entrevista concedida en el marco de las Conferencias Magistrales sobre Delincuencia Organizada en Delitos Tributarios que ofreció los días 22 y 23 de noviembre en esta ciudad.
Totalmente a favor de equiparar como delincuencia organizada el delito de uso de facturas apócrifas, Celorio Vega, explica que hay que entender, que cuando se toman decisiones drásticas, como incorporar el fraude fiscal y la venta de facturas falsas a un catálogo de delitos de delincuencia organizada y traición a la patria, es un combate que el Estado desarrolla en contra de un flagelo.
“El problema se ve tremendo cuando se compara. Si se pregunta qué se haría con los 2.7 billones: cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántas autopistas, cuántos centros de educación superior se hubiesen podido hacer con esas facturas… pues estaríamos entre las primeras cinco potencias del mundo.
“De ese tamaño es el hoyo negro que han causado las factureras y las outsourceras a las finanzas públicas mexicanas”.
El especialista fiscal aclara que este combate no significa que se vea a todos los empresarios como posibles integrantes de la delincuencia organizada.
“Se ha dicho mucho, porque es parte de ese discurso negativo, de que ahora los empresarios van a ser delincuentes organizados. Pero en realidad hay categorías”.
Explicó que si se tiene a un empresario con una factura que resulta ser apócrifa, pero es producto de una operación cierta y real que él realizó, entonces debe de tener una materialidad que acredite esa operación.
“Es decir, si por alguna circunstancia un proveedor de esa pequeña, mediana empresa o emprendedor, resultó ser enlistado como una empresa facturadora de operaciones simuladas, y afecta a ese pequeño contribuyente, hay salidas.
“Si esa factura que tiene sí ampara las operaciones, sí tiene su materialidad, si demuestra que realizó las operaciones, entonces esa factura va a poderse justificar ante la autoridad correspondiente.
“Pero si la compró, para efecto de disminuir, diferir o eliminar la carga fiscal, y es una factura apócrifa, pues tendrá que someterse a las consecuencias.
“Ahora, hay límites. Ni siquiera es delincuencia organizada cualquier momento. Se requiere cruzar el umbral de los 7.8 millones de impuesto dejado de pagar”.
Explica que para ser un defraudador fiscal profesional, el contribuyente tiene que haber comprado más de 7.8 millones de pesos de impuestos con esas facturas falsas.
“Imaginémonos entonces que el ISR es el 30 por ciento, estaríamos hablando de una empresa que facturó más de 23 millones de pesos, no quiso pagar ningún impuesto, compró el veneno fiscal, se lo inyectó y dejó de pagar más de 7.8 millones”.
Con todo y ley, Celorio Vega advierte que el Gobierno Federal tiene frente a sí un problema muy complejo.
“Si matas una facturera, salen 10 nuevas. Si matas 10, salen 100 nuevas. Si matas 100, salen mil, y así, hasta que las factureras se reproducen de tal manera que parece que hay ocasiones en que caminas una cuadra, en una de las ciudades importantes del país, y se encuentran de 50 a 60 despachos u oficinas dedicados a la venta de facturas”.
El facturero, sostiene, es un criminal porque se dedica a vender facturas apócrifas para afectar la recaudación fiscal
Su única actividad y toda la estructura que ha desarrollado es para generar operaciones de venta de facturas falsas para afectar la recaudación tributaria.
Ello se complementa, observa, con los contribuyentes que realizan actividades reales, ciertas y que desean eliminar, disminuir o diferir la carga fiscal, y toman la decisión de comprar esas facturas falsas.
Estos contribuyentes, puntualizan, hacen eso de forma consciente y dicen que no van a pagar lo que les corresponde pagar, y engañan a la autoridad con esas facturas falsas.
Además del fisco, agregó, también se ven afectadas las pequeñas y medianas empresas que quedan fuera del mercado competitivo porque el que dejó de pagar los impuestos ofrece precios menores a los que ellos tienen en el mercado.
Con todo lo anterior, el presidente del Centro de Estudios en lo Penal Tributario recomienda a los empresarios en general a tener un nivel de asesoría fiscal contable, y establecer sus programas de cumplimiento normativo, partiendo de un principio de buena fe.